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Un tribunal federal anula el requisito de pago de 100 000 dólares para el visado H-1B
El 8 de junio de 2026, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts dictaminó que la obligación de abonar 100 000 dólares, impuesta por la Proclamación Presidencial 10973 a determinadas solicitudes de visado H-1B, era ilegal y suprimió dicha tasa.
Antecedentes
En septiembre de 2025, la Proclamación Presidencial n.º 10973 estableció la obligación de abonar un importe adicional de 100 000 dólares para muchas de las nuevas solicitudes de visado H-1B. El Gobierno se basó en los artículos 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), disposiciones que autorizan al presidente a imponer restricciones a la entrada de personas que no sean ciudadanos cuando lo considere oportuno. Los demandantes alegaron que el requisito de pago excedía la autoridad otorgada por dichas disposiciones e imponía indebidamente una obligación financiera que solo el Congreso puede autorizar.
La resolución del Tribunal
La demanda fue presentada por una coalición de estados que cuestionaban la legalidad de la proclamación y la aplicación de la política por parte de los organismos federales.
Una cuestión fundamental era si la obligación de 100 000 dólares debía considerarse una restricción a la entrada o un impuesto. El tribunal concluyó que el pago funcionaba como un impuesto, ya que imponía una obligación económica considerable a los empleadores que deseaban presentar solicitudes de visado H-1B, al tiempo que dejaba legal la actividad subyacente, es decir, el patrocinio de trabajadores con visado H-1B.
El tribunal señaló que la Constitución atribuye al Congreso la facultad de recaudar impuestos y consideró que la Ley de Inmigración y Nacionalidad («INA») no delega claramente dicha facultad al presidente. Aunque los artículos 212(f) y 215(a) de la INA otorgan amplias facultades para regular la entrada de personas que no son ciudadanos, el tribunal determinó que dichas disposiciones no autorizan al Poder Ejecutivo (es decir, al presidente) a imponer impuestos. Basándose en ese análisis, el tribunal concluyó que la obligación de pago excedía la autoridad delegada por el Congreso.
Posible impacto
La decisión afecta a los empleadores y a las instituciones que recurren al programa H-1B para contratar a profesionales extranjeros, entre ellos universidades, centros sanitarios, instituciones de investigación y empresas privadas.
Actualmente, el requisito de pago de 100 000 dólares ha quedado sin efecto, pero un recurso o un nuevo procedimiento judicial podrían cambiar ese resultado.
Brown Immigration seguirá de cerca el caso y ofrecerá información actualizada a medida que se disponga de nuevos datos.
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