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Un tribunal federal de distrito anula las políticas del USCIS que suspendían la tramitación de determinadas solicitudes de prestaciones
El 5 de junio de 2026, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island anuló varias políticas del USCIS, entre ellas la política de suspensión de prestaciones, la política de suspensión global de asilo, la política de revisión exhaustiva y la política de factores específicos por país.
Antecedentes
El 2 de diciembre de 2025, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos («USCIS») suspendieron todas las solicitudes de asilo (independientemente del país de nacionalidad del solicitante), así como el resto de prestaciones para los solicitantes procedentes de países de alto riesgo, de conformidad con la Proclamación Presidencial n.º 10949, emitida el 4 de junio de 2025.
El 1 de enero de 2025, el USCIS suspendió todas las resoluciones sobre la concesión de prestaciones presentadas por solicitantes procedentes de países adicionales de alto riesgo (39 países en total). La política del USCIS se anunció de conformidad con la Proclamación Presidencial 10998.
Tanto en los anuncios de política de USCIS como en las proclamaciones presidenciales relacionadas, la Administración se basó en los artículos 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), disposiciones que autorizan al presidente a imponer restricciones a los no ciudadanos cuando lo considere oportuno.
La resolución del Tribunal
La demanda fue interpuesta por una coalición de organizaciones sin ánimo de lucro y sindicatos que representan a personas procedentes de los treinta y nueve países que cuestionan la legalidad de las políticas del USCIS y la aplicación de dichas políticas por parte de la agencia federal.
Una cuestión fundamental en el caso era si el USCIS había infringido las leyes de inmigración cuya aplicación el Congreso había encomendado a dicho organismo federal. El Tribunal de Distrito señaló que el USCIS, al promulgar estas políticas, reivindicaba una autoridad legal y reglamentaria de la que, de hecho, dicho organismo federal no disponía.
El Tribunal de Distrito también consideró que el USCIS tomó decisiones sin las explicaciones motivadas que la agencia federal está obligada a proporcionar, y que actuó sin tener en cuenta los intereses de confianza de los solicitantes que (el USCIS) debe considerar. Por último, el Tribunal de Distrito consideró que el USCIS justificó las acciones de la agencia con preocupaciones pretextuales de «seguridad nacional» que enmascaran sentimientos antiinmigrantes, los cuales la agencia federal tiene prohibido que sean un factor en su toma de decisiones.
El Tribunal consideró que las siguientes políticas del USCIS eran ilegales:
- Política de suspensión de prestaciones: la suspensión de todas las tramitaciones de las solicitudes de prestaciones presentadas por solicitantes procedentes de uno de los 39 países indicados.
- Política global de suspensión de los procedimientos de asilo: la suspensión de todas las solicitudes de asilo y de suspensión de la expulsión, independientemente del país de origen.
- Política de revisión exhaustiva: política consistente en revisar y reconsiderar las decisiones anteriores relativas a la concesión de prestaciones de inmigración a solicitantes procedentes de los 39 países indicados que entraron en EE. UU. durante la Administración Biden.
- Política de factores específicos por país: política que consiste en considerar el mero hecho de que un solicitante proceda de un país concreto como un factor discrecional negativo a la hora de resolver sobre prestaciones discrecionales (como las solicitudes de cambio o prórroga de estatus y de ajuste de estatus).
Como consecuencia de que el Tribunal declarara ilegales estas políticas del USCIS, se ordenó su anulación y derogación.
Posible impacto
Esta decisión afecta a los inmigrantes que hayan solicitado asilo desde cualquier país, así como a los solicitantes de cualquier prestación discrecional del USCIS cuyos expedientes estén pendientes ante dicho organismo.
La suspensión de las solicitudes ante el USCIS se ha levantado actualmente, pero una apelación o un nuevo procedimiento judicial podrían cambiar ese resultado.
Brown Immigration Law seguirá de cerca el caso y ofrecerá información actualizada a medida que se conozcan nuevos datos.
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