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El proceso de verificación de antecedentes de la USCIS podría retrasar la aprobación de los expedientes de inmigración
Según se ha informado, a partir del 27 de abril de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha puesto en marcha un nuevo proceso de verificación de seguridad a nivel nacional que está provocando retrasos en la resolución de numerosas prestaciones de inmigración que requieren comprobaciones de antecedentes basadas en huellas dactilares. Esto parece afectar a una amplia gama de casos pendientes, entre los que se incluyen las solicitudes de ajuste de estatus, los casos de asilo, las solicitudes de naturalización y las peticiones basadas en vínculos familiares. Al parecer, los funcionarios del USCIS están obligados a volver a realizar comprobaciones de huellas dactilares y de identidad para la mayoría de las solicitudes pendientes en las que ya se habían presentado datos biométricos antes del 27 de abril. Sin embargo, por lo general, los solicitantes no deberían tener que acudir a nuevas citas para la toma de datos biométricos, ya que el USCIS suele poder reutilizar las huellas dactilares que ya figuran en sus archivos. Aunque las entrevistas y las ceremonias de juramento pueden continuar según lo previsto, en muchos casos las aprobaciones pueden retrasarse a la espera de que finalice la revisión actualizada de la investigación de seguridad.
Según se informa, el proceso de verificación reforzado se debe a que el USCIS tiene ahora un mayor acceso a las bases de datos de antecedentes penales del FBI, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14385. Aunque el USCIS ha declarado públicamente que la tramitación sigue en marcha y que los retrasos deberían ser temporales, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración ha advertido de que el nuevo sistema de revisión podría afectar a millones de solicitudes pendientes y provocar, potencialmente, retrasos de varios meses. También se ha informado de que podría producirse un aumento de las solicitudes de pruebas (RFE) y de las notificaciones de intención de denegación (NOID) relacionadas con asuntos penales que quizá no hubieran dado lugar a un escrutinio anteriormente, como los cargos desestimados, los antecedentes juveniles y los expedientes sellados.
Se restablecen los fondos del DHS tras el cierre parcial del Gobierno
El Congreso ha aprobado una ley que restablece la financiación de la mayoría de las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), poniendo así fin oficialmente al reciente cierre parcial que afectaba a varias agencias federales. La interrupción de la financiación afectó a organismos como la TSA, la FEMA, la Guardia Costera y el Servicio Secreto, lo que provocó trastornos operativos y dificultades de dotación de personal en determinadas áreas. En virtud de la medida de financiación recién aprobada, la mayoría de las funciones del DHS continuarán durante el resto del ejercicio fiscal, mientras que se espera que prosigan por separado en el Congreso los debates sobre la futura financiación de los organismos encargados de la aplicación de la ley de inmigración.
Aunque se prevé que se reanuden las operaciones normales del DHS, es posible que los organismos sigan haciendo frente a los retrasos y la acumulación de trámites administrativos que se han producido durante el periodo de cierre. Los legisladores siguen debatiendo las prioridades de financiación a largo plazo relacionadas con la seguridad fronteriza y la aplicación de la legislación en materia de inmigración, incluidas las posibles asignaciones presupuestarias futuras para el ICE y la CBP. Se espera que a lo largo de este año se examine legislación adicional que aborde estas cuestiones.
El USCIS anuncia nuevas sanciones por el impago de las tasas anuales de asilo
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha anunciado recientemente una norma definitiva provisional que establece nuevos requisitos en materia de tasas de inmigración. Entre los cambios más significativos se encuentran nuevas medidas de aplicación relacionadas con la tasa anual de asilo (AAF) para las personas con solicitudes de asilo pendientes. Según el DHS, a los solicitantes de asilo que no abonen la tasa anual exigida en un plazo de 30 días a partir de la notificación se les podría denegar el formulario I-589 pendiente. El DHS ha señalado además que los solicitantes sin estatus legal podrían ser sometidos a un procedimiento de expulsión. La agencia también ha indicado que la denegación de una solicitud de asilo puede dar lugar a la denegación de cualquier solicitud de autorización de empleo relacionada y a la rescisión inmediata de la autorización de trabajo vigente vinculada al caso de asilo pendiente.
La norma definitiva provisional también incluye varias actualizaciones adicionales que afectan a las solicitudes de inmigración y a las prestaciones. El USCIS ha anunciado que las tasas de tramitación del formulario I-589 se retendrán a partir de ahora, incluso si la solicitud es rechazada por haber sido presentada de forma incorrecta. La norma también limita los períodos de autorización de empleo para las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) a un año, o al tiempo restante del período de designación del TPS, el que sea más corto. Está previsto que la norma entre en vigor el 29 de mayo de 2026, y el DHS aceptará comentarios del público hasta el 29 de junio de 2026.
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