El pasado miércoles, un juez federal de Nueva York impidió que la administración Trump aplicara su regla de "Carga Pública" durante la pandemia de coronavirus porque "obligaba a los inmigrantes a hacer una elección imposible entre poner en peligro la salud y la seguridad personal o su estatus migratorio." La nueva norma sobre carga pública, que acaba de entrar en vigor el pasado mes de febrero, modificó el criterio por el que el USCIS determinaría si una persona es "susceptible de convertirse en cualquier momento en una carga pública" y, por tanto, inadmisible en Estados Unidos. A diferencia de la antigua norma de carga pública, que definía como "carga pública" a una persona "dependiente principalmente del gobierno para su subsistencia, como lo demuestra la recepción de asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de los ingresos o la institucionalización para cuidados a largo plazo a expensas del gobierno". Con cualquiera de las dos versiones de la norma, si se determina que usted es una carga pública, no obtendrá la tarjeta verde.
Con arreglo a la nueva norma, en lugar de evaluar si alguien podría llegar a ser "principalmente dependiente" de prestaciones como la asistencia en efectivo o la cobertura de Medicaid para la institucionalización a largo plazo, la investigación se centra en quién cree USCIS que es más probable que no reciba ninguna de las nueve prestaciones durante "más de 12 meses en total dentro de cualquier período de 36 meses". Para tomar esta decisión, la norma establece varios factores que deben evaluarse, como la edad, la salud, el número de miembros de la familia, la educación, el empleo y los recursos económicos del solicitante. La norma permite incluso a los funcionarios de inmigración tener en cuenta los conocimientos de inglés del inmigrante (o la falta de ellos), su solvencia, su estado de salud y si tiene acceso a un seguro médico privado.
La antigua norma se centraba principalmente en si el peticionario o el patrocinador podían mantener económicamente al inmigrante para evitar que se convirtiera en una carga pública. La nueva norma se centra en el potencial de ingresos futuros del inmigrante en función de su situación económica, edad, salud, situación familiar, educación, cualificaciones y otros factores. Esta definición ampliada y los nuevos criterios hacen exponencialmente más difícil que los inmigrantes poco cualificados, con bajos ingresos, ancianos o discapacitados obtengan la tarjeta verde,
La nueva norma también exigía a los solicitantes que presentaran un nuevo formulario de 18 páginas conocido como Formulario I-944, Declaración de autosuficiencia. En él se recoge información exhaustiva sobre las circunstancias económicas y personales del solicitante, así como información biográfica y la situación económica de todos los miembros de su unidad familiar. El I-944 también incluye preguntas y exige la presentación de documentación relacionada con los ingresos y activos del hogar, historial crediticio, pasivos y deudas, seguro médico, nivel educativo, historial laboral y percepción de determinadas prestaciones públicas, entre otros factores.
Desde el miércoles, no estaba claro si USCIS tenía la intención de cumplir con la orden del juez que bloqueaba la Regla de Carga Pública. A principios de este mes, otro juez federal ordenó a la administración Trump reanudar la aceptación de solicitudes iniciales para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Pero el martes, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, anunció que USCIS rechazaría todas las solicitudes iniciales de DACA a pesar de la orden judicial.
A diferencia de DACA, hoy USCIS anunció en su sitio web que mientras esta orden judicial esté en vigor, USCIS ya no aplicará la nueva Regla de Carga Pública al adjudicar solicitudes de ajuste de estatus a partir del 29 de julio de 2020. USCIS también informó que a partir del 29 de julio de 2020, los solicitantes ya no deben incluir el engorroso Formulario I-944 con sus solicitudes de ajuste de estatus, ni proporcionar información sobre la recepción de beneficios públicos en los Formularios I-485, I-129 o I-539.
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