Una de las promesas clave de la campaña electoral del Presidente Biden en materia de inmigración fue la aplicación de una moratoria de 100 días en las deportaciones una vez que asumiera el cargo. Cumplió esa promesa la semana pasada, cuando el 20 de enero de 2021 el Secretario en funciones del DHS emitió un memorando en el que pedía al DHS que se tomara 100 días para "coordinar una revisión en todo el Departamento de las políticas y prácticas relativas a la aplicación de las leyes de inmigración" y que detuviera inmediatamente todas las deportaciones durante 100 días mientras el DHS llevaba a cabo su revisión, a partir del 22 de enero.
El día en que entró en vigor la moratoria de las deportaciones, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a la Administración Biden, solicitando una orden de restricción temporal contra el DHS. El fiscal general alegó que la moratoria violaba un acuerdo que había firmado con funcionarios salientes de Trump apenas unos días antes, que exigía al DHS notificar a Texas y darle la oportunidad de hacer comentarios al menos 180 días antes de hacer cualquier cambio en las políticas de aplicación de la ley de inmigración. Este acuerdo, que el ex subsecretario interino del DHS Ken Cuccinelli firmó con múltiples jurisdicciones, fue diseñado para retrasar que la administración Biden "tomara cualquier acción o decisión que pudiera reducir la aplicación de la ley de inmigración" o que pudiera aumentar el número de inmigrantes no autorizados que viven en EE.UU., según los archivos judiciales. No sólo exige que el DHS notifique con antelación tales cambios, sino que también tenga en cuenta las aportaciones de las autoridades estatales y locales y "proporcione una explicación detallada por escrito" si decide rechazarlas.
Queda por ver si estos acuerdos son ejecutables, dado que Ken Cuccinelli puede no haber tenido la autoridad para firmar los acuerdos en primer lugar, ya que la GAO encontró que fue nombrado ilegalmente para su cargo. La Administración Biden también argumenta que los acuerdos son inaplicables porque una administración saliente no puede "ceder" a los estados el poder plenario de la administración entrante sobre la aplicación de la ley federal de inmigración. A pesar de las graves cuestiones constitucionales que implican estos acuerdos, el juez de distrito estadounidense Drew Tipton concedió la solicitud de Texas de una orden de restricción temporal el 26 de enero de 2021, impidiendo que la administración Biden detuviera las deportaciones durante un período de 14 días. Tras una audiencia celebrada el 29 de enero de 2021, la orden de restricción temporal se prorrogó hasta el 23 de febrero de 2021.
La buena noticia es que el juez Tipton solo restringió la parte del memorando del DHS del 20 de enero de 2021 que pedía la moratoria de las deportaciones. El mismo memorando también eliminó efectivamente todas las "prioridades de aplicación" anteriores de la administración Trump, e instituyó un conjunto de "directrices provisionales" para la aplicación de la inmigración. Según estas directrices, que entrarán en vigor el lunes 1 de febrero, solo tres grupos se consideran "prioritarios" para la aplicación de la ley:
- Personas sospechosas de terrorismo o espionaje.
- Personas que entraron en Estados Unidos después del 1 de noviembre de 2020.
- Personas condenadas por un "delito con agravante" que hayan sido puestas en libertad después del 20 de enero y que el ICE considere una amenaza para la seguridad pública.
El memorando también revocó una serie de políticas de la era Trump, incluida una política que requería que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos pusiera a las personas cuyas solicitudes de visas fueron denegadas en proceso de expulsión.
Esté atento a más actualizaciones sobre las políticas de inmigración bajo la nueva Administración Biden. No se olvide de consultar también otras medidas en materia de inmigración adoptadas por el Presidente Biden durante su primera semana en el cargo.
