El Congreso está examinando actualmente un proyecto de ley de inmigración presentado por la Banda de los Ocho que pide una reforma de la inmigración. Miles de extranjeros ilegales se sintieron decepcionados al enterarse de que el proyecto de ley enumera una fecha límite para los inmigrantes elegibles; los que entraron en Estados Unidos después del 31 de diciembre de 2011 no podrán beneficiarse del nuevo plan de inmigración y no podrán solicitar la residencia legal en Estados Unidos.
El Tampa Bay Times calcula que unos 300.000 inmigrantes quedarán exentos del nuevo plan debido a la fecha límite. Algunos defensores se esfuerzan por retrasar la fecha límite para que incluya a los inmigrantes llegados más tarde, a partir de 2012. Muchos afirman que la fecha límite socava el objetivo de hacer borrón y cuenta nueva, y argumentan que la fecha actual dejaría a cientos de miles sin estatus legal. Afirman que se trata de un paso en la dirección equivocada para el Congreso si realmente quiere completar una revisión de la inmigración.
Los demócratas del Comité Judicial del Senado afirman que presentarán enmiendas al proyecto de ley esta semana; una de sus preocupaciones tiene que ver con la fecha límite. Estas autoridades políticas presentarán sugerencias para trasladar la fecha límite al día en que se presentó el proyecto de ley de inmigración. Otros quieren que el Gobierno anuncie que en el futuro debería fijarse en el día en que se promulgue el proyecto de ley. Los que se oponen a la fecha límite actual que figura en el proyecto de ley suelen citar los errores del proyecto de ley de inmigración de 1986, que fijó la fecha límite en 1982. A pesar de la fecha límite, el número de inmigrantes ilegales en Estados Unidos no hizo más que crecer con el tiempo.
El arzobispo de Miami organizó una reunión para debatir una fecha límite más generosa con Marco Rubio, una de las figuras políticas de la Banda de los Ocho. El arzobispo argumentó que la fecha límite actual o bien llevaría a los inmigrantes a la oscuridad, donde se esconderían para evitar el castigo por su situación ilegal, o bien animaría a estas personas a cometer fraude para recibir la residencia. Según el proyecto de ley actual, todos los inmigrantes tendrán que aportar pruebas de que estuvieron en Estados Unidos antes de 2012, pero los que entraron en el país después podrían crear documentos fraudulentos para poder beneficiarse de la reforma migratoria.
En negociaciones anteriores, el Grupo de los Ocho intentó aprobar una fecha límite de 2008. Finalmente, el grupo se decantó por una fecha límite de 2011, pero muchos creen que presionar por una fecha posterior no tendría éxito y desataría la oposición en la esfera política. Muchos inmigrantes que entraron en Estados Unidos en 2012 afirman que no tienen intención de abandonar el país si no se les admite para la residencia permanente. La Administración de la Seguridad Social publicó recientemente un análisis según el cual, aunque 11,5 millones de inmigrantes ilegales solicitarán la residencia permanente, sólo unos 8 millones obtendrán realmente este privilegio. A los otros 3,5 millones se les denegará por diversos motivos, como infracciones de la fecha límite, antecedentes penales, enfermedades, situación financiera y otros.
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