Desde su toma de posesión, el presidente Trump ha actuado con rapidez para dejar su impronta en la política de inmigración de Estados Unidos mediante una combinación de medidas ejecutivas y cambios en la política de las agencias. La Acción Ejecutiva más destacada pretende eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para una persona cuya madre no tiene estatus legal o está en el país con una visa temporal y cuando el padre de la persona no era ciudadano estadounidense o residente permanente legal en el momento del nacimiento. Esta orden fue detenida inmediatamente mediante una orden de restricción de 14 días por un juez federal que declaró que "[e]xiste una fuerte probabilidad de que ... la Orden Ejecutiva viole la Decimocuarta Enmienda y la Ley de Inmigración y Nacionalidad".
Como parte de una estrategia más amplia de aplicación de la ley de inmigración, el Sr. Trump también ha tomado medidas para ampliar el alcance de la expulsión acelerada, un proceso que permite al ICE y a la CBP detener y deportar rápidamente a las personas que creen que son indocumentadas sin una audiencia judicial. En virtud de esta ampliación, las autoridades ahora pueden expulsar a las personas indocumentadas que no puedan demostrar que han residido de forma continua en los EE.UU. durante al menos dos años antes de su detención. Además, la administración ha ampliado el alcance de las operaciones de aplicación de la ley levantando las restricciones a las detenciones de inmigrantes en zonas tradicionalmente protegidas como juzgados, escuelas, iglesias y hospitales, intensificando aún más los esfuerzos para acabar con la inmigración indocumentada.
En la frontera entre Estados Unidos y México, el gobierno comenzó a desplegar tropas en servicio activo para ayudar a la CBP en la construcción de barreras y a utilizar aviones militares para vuelos de deportación. Como parte de su estrategia de inmigración más amplia, la administración también reinstauró los controvertidos Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), comúnmente conocidos como la política de "Permanecer en México", que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se tramitan sus casos de inmigración en Estados Unidos. En un nuevo endurecimiento del acceso al asilo, el Gobierno eliminó la aplicación móvil CBP One, que antes permitía a los inmigrantes concertar citas en los puertos de entrada. Estas medidas se vieron reforzadas por una acción ejecutiva en la que el Sr. Trump declaró que la migración en la frontera sur constituye una "invasión." Esta orden no solo suspende la entrada física de las personas consideradas parte de la invasión, sino que también les impide acogerse a las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que, de otro modo, les permitirían solicitar asilo o permanecer en Estados Unidos.
El panorama de la inmigración está cambiando rápidamente bajo la nueva administración. En Brown Immigration Law, estamos comprometidos a mantenerlo informado de los últimos acontecimientos y proporcionar orientación jurídica de expertos durante este tiempo incierto. Si usted o un ser querido se ven afectados por estos cambios, nuestros abogados experimentados están aquí para ayudarle a navegar sus opciones y proteger sus derechos. Manténgase en contacto con nosotros para actualizaciones oportunas, y no dude en ponerse en contacto para obtener asistencia personalizada.
